Situación fiscal estresa a las tasas de interés en moneda local

La llegada de la pandemia provocó que el promedio en la deuda promedio de los países del istmo pasará del 49% al 57% del PIB. Los panameños son los únicos bonos que mantienen nota de inversión en el istmo. Por Javier Adelfang, Economistajadelfang@inversioninmobiliariacr.com Las crisis económicas suelen atacar por el lado de la oferta o el de la demanda, pero la pandemia impuso restricciones desde ambos frentes: tanto la producción como el consumo se vieron afectados por medidas sanitarias que recién ahora comienzan a ablandarse. Esta situación obligó a los gobiernos de todo el mundo a enfrentar la crisis recurriendo a la expansión del gasto. La receta es similar: créditos para sostener el gasto público -e incrementar radicalmente el destinado a la salud pública-, amnistía para el sector productivo y subsidios para las familias afectadas vía transferencias directas. La salida de efectivo es desproporcionada respecto a la situación de los ingresos tributarios de los gobiernos: la menor actividad económica y las amnistías de índole fiscal mermaron este lado de la balanza. Lea también: FMI está de regreso en Latam, ¿será igual que siempre? ¿Qué podemos esperar? Lo que sugieren las cifras Este delicado escenario fiscal implicó que los planes tuvieran que implementarse de manera parcial y con recursos generados a través del endeudamiento, aumentando la incertidumbre sobre la sostenibilidad de las deudas. Prueba de ello, la deuda promedio de los países del istmo pasó de un 49% a un 57% del PIB, según datos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo cual supone una presión a la estabilidad de las tasas de interés, en especial en el caso de aquellos países donde este indicador es mayor. Lo anterior provoca incertidumbre entre los inversionistas de cara a 2021. La pregunta común es, ¿podrán ser soportados estos niveles de endeudamiento si caen en riesgos de impago? Y la presión es para los gobiernos, de evitar este escenario, a costas de sacrificar inversión pública y presionar las tasas de interés del mercado financiero local. Las razones que plantean la disyuntiva actual son tres: la contracción económica, la caída en los ingresos tributarios y el aumento de los gastos. Afinando el número en la partida de los ingresos, por concepto de la menor actividad económica, el decrecimiento promedio proyectado para la región es de un 6,95%, monto que equivale a unos $1.850 millones (0,7% del PIB). Por su parte, el gasto aumentará en $9.000 millones (3,3% del PIB). El combo completo se traduce en un aumento del déficit fiscal de casi cuatro puntos porcentuales, al pasar de un promedio de 2,9% al 7,4% del PIB. ¿Son sostenibles las deudas centroamericanas? Si hay algo en lo que los economistas no han logrado ponerse de acuerdo es en cuanto al límite saludable que puede alcanzar la deuda de una nación. Si bien es cierto que existen algunos indicadores, no hay claridad en cuanto al asunto, cada país posee características y coyunturas que les diferencian de otras naciones y épocas. Solo por dar un ejemplo, en la antesala de la feroz crisis que golpeó a Argentina en 2001, la proporción de intereses de deuda que pagaba el país del sur previo al quiebre era del 26%, hoy Costa Rica paga el 36%, estando aún lejos de semejante explosión. Además, la estabilidad depende, en buena medida, de la confianza que los inversionistas depositan en una nación, misma que puede romperse puramente por factores psicológicos, imposibles de cuantificar. Algunos estudios citados por el FMI señalan como niveles seguros de deuda pública entre el 25% y 35% del PIB para economías emergentes, y entre el 65% a 90% del PIB para economías industrializadas. Si ese fuera el caso, todas las economías de la región estarían por encima del límite máximo. Por otro lado, cálculos citados por ICEFI, señalan como prudente un límite del 50% del PIB para las economías emergentes. En ese caso, El Salvador, Costa Rica y Panamá serían los países fuera del límite, y Nicaragua y Honduras quedarían a pocos pasos. El único país de la región que podría considerarse con un nivel sostenible de deuda, bajo estos parámetros, es Guatemala, cuya deuda este año alcanzaría el 32% del PIB. Otros indicadores invitan a pensar lo mismo. Si tomamos el llamado “indicador de liquidez” nos encontramos con una situación compleja. Se trata de la relación entre la deuda total de un país y sus ingresos tributarios, y sirve para tener una medida de su capacidad de pago. El límite recomendado es de 250%, y todos los países de la región, con excepción de Nicaragua lo sobrepasan. Panamá es el país con menor liquidez para afrontar su deuda, con un ratio de 802%, seguido por El Salvador (539%), Costa Rica (532%), Honduras (360%), Guatemala (323%) y Nicaragua (223%) según cálculos de ICEFI. En contraposición a estas cifras, hay que mencionar que la calificación de riesgo de la deuda soberana panameña es de Baa1 según la agencia Moody’s, la más alta de la región, y la única que aún mantiene el grado de inversión. El dato es de suma relevancia, ya que es una muestra del grado confianza que poseen los inversionistas en la solidez de la economía panameña. El resto de los bonos de la región tienen grado especulativo, más conocido como “bonos basura”, siendo El Salvador (B3) y Costa Rica (B2 negativa) los países con mayor riesgo de impago. En ambos casos la calificación de la agencia señala que se trata de países cuyos bonos son “sujeto a especulaciones y alto riesgo crediticio” y de tener “la calidad de crédito en general, pobre”. Haciendo una revisión de la situación de cada país, queda claro que, de continuar la situación fiscal y sus políticas como hasta ahora, Centroamérica no podrá sostener su deuda indefinidamente. Los países que salen mejor parados son, Panamá y Nicaragua, mientras que, en el polo opuesto, y atravesando momentos de alta complejidad, se encuentran Costa Rica y El Salvador. Señales de alerta El análisis de los datos muestra que Costa Rica y El Salvador son los dos países con mayores dificultades para sostener el ritmo de endeudamiento (déficit fiscal y deuda en porcentaje del PIB, intereses y liquidez como porcentaje de los ingresos). Fuente: Hacienda, ICEFI y FMI La situación costarricense Costa Rica espera este año un déficit fiscal de 9,3% según datos del Ministerio de Hacienda. El dato ha generado serias críticas, al punto que tanto la Contraloría General de la República como Rodrigo Chaves, ex ministro de la cartera, lo estiman alrededor del 11%. Además, el 36% de los ingresos fiscales del país durante 2020 se habrán dedicado a pagar intereses de la deuda. A esto se le suma que la deuda crecerá 12 puntos porcentuales, al pasar de 58,4% al 70,1% del PIB. Ese país centroamericano está frente a la profundización de una trayectoria negativa: el déficit fiscal viene acelerándose a pasos agigantados, al punto que el año pasado fue el más alto de Latinoamérica y uno de los más altos del mundo, prueba de ello los intereses de la deuda, hace cinco años, representaban solo el 19% de los ingresos. La pandemia ha acelerado la debacle fiscal de Costa Rica, que busca de manera urgente alcanzar un acuerdo con el FMI para acceder a financiamiento extra por $1.750 millones de cara al 2021, con menor costo que el contratado actualmente. La falta de consenso sobre la hoja de ruta que Costa Rica le presentará al organismo para obtener el préstamo mantiene en vilo a los acreedores del país. Un eventual rechazo del FMI supondrá que el Gobierno recurra a contratar deuda externa a través de la emisión de eurobonos, a tasas que sugieren un aumento sustancial en el costo de la deuda. Quienes también están pendientes de las negociaciones son las agencias calificadoras de riesgo, las cuales ya han señalado en sus informes sobre las dificultades del país para generar consensos. Una rebaja de la calificación aumentará la prima de riesgo que paga el país por endeudarse que, sumada a la posible necesidad de financiarse vía eurobonos, llevaría la sostenibilidad de la deuda a un punto límite. En cuanto al crecimiento esperado para 2021, el cual es clave pensando en una recuperación de los ingresos, la perspectiva tampoco es positiva. El FMI pronostica un magro crecimiento del 2,3%, mientras que para el resto de los países de la región (con excepción de Nicaragua) espera una tasa de 4% o más. La situación salvadoreña El gobierno de Nayib Bukele enfrenta un delicado panorama. Este año el déficit fiscal será de 13,3% según el FMI, el más alto de la región y un incremento de su deuda de casi 20 puntos porcentuales, pasando del 69,4% a 80% del PIB, con el agravante de que su deuda está completamente dolarizada. Al estar denominada en moneda extranjera, El Salvador no posee libertad para realizar política monetaria, lo que, en última instancia, le permitiría licuar su deuda mediante una devaluación de la moneda. Por otro lado, los intereses de la deuda se quedarán este año con uno de cada cuatro dólares de los ingresos del Gobierno, lo cual genera una presión extra sobre el margen de acción que pueda tener para impulsar la economía, cuyo crecimiento promedio en los últimos años fue de tan solo 2,4%. A principios de 2020, la calificadora Moody’s reafirmó la calificación del país en B3 (altamente riesgosa), pero había cambiado la perspectiva a “positiva”, teniendo en cuenta la aprobación en tiempo de presupuestos en la Asamblea Legislativa, la generación de consensos y el crecimiento esperado. Sin embargo, la pandemia cambió todas las proyecciones y el país finalizará el año con una caída del 9%, la más alta de la región, junto con Panamá. El margen de maniobra en la economía salvadoreña se ha ido achicando al calor del incremento en el endeudamiento externo para hacer frente al Covid-19; que en lo que va del año, suma $900 millones con organismos internacionales y otros $1.000 millones a través de emisión de bonos. La presión se hizo presente en la tasa de interés a la que debió emitir sus bonos, que fue de 9,5%, la más alta de los países emergentes según información de Forbes Centroamérica. © 2021. Revista Inversión Inmobiliaria SRL. Todos los derechos reservados. 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